Crónicas de Ciudad Real.- La creciente preocupación por el incremento de las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ha alcanzado un punto crítico, donde incluso los delincuentes más jóvenes se sienten impunes al cometer actos violentos contra la autoridad. Este escenario se ilustra trágicamente con el reciente caso de un guardia civil del Puesto de Tomelloso, Ciudad Real, quien fue brutalmente agredido mientras se encontraba fuera de servicio en compañía de su familia.
El guardia civil, junto con su esposa y sus dos hijos, así como otro compañero, se vio confrontado por un grupo de jóvenes en el recinto de la Pinilla. Ante la petición de paso del agente y su familia, los jóvenes respondieron con agresividad y desprecio, instándolos a no pasar por el lugar. La situación escaló rápidamente cuando, tras identificarse como guardia civil, el agente recibió un violento puñetazo por la espalda que lo derribó, momento que aprovecharon los agresores para continuar golpeándolo.
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), se denuncia la gravedad de este incidente y se reclama una vez más el reconocimiento de la profesión como autoridad y como profesión de riesgo. A pesar de que el agente agredido estaba fuera de servicio y no llevaba uniforme, los agresores fueron conscientes en todo momento de su condición de miembro de las FCSE, como lo demuestra su reconocimiento y sus gritos de hostilidad.
Esta agresión, como muchas otras que han sufrido los miembros de la Guardia Civil, debería llevar al Ministerio del Interior a reconsiderar su posición respecto a la seguridad y protección de los agentes. La declaración de la profesión como autoridad y como profesión de riesgo es crucial para garantizar la protección adecuada de quienes arriesgan sus vidas en el cumplimiento del deber.
Es hora de que las autoridades actúen con determinación y voluntad para poner fin a esta situación, que pone en riesgo la integridad física y moral de los agentes y sus familias. No se trata solo de un reclamo salarial, sino de un imperativo moral y de seguridad que exige una respuesta inmediata y contundente. La impunidad no puede ser la norma en una sociedad democrática y justa.