Crónicas de Ciudad Real.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real va a acoger desde este martes y miércoles el juicio contra M.J.I.C., un agente de la Guardia Civil destinado en la localidad ciudadrealeña de Bolaños que, presuntamente, saltándose su deber de perseguir delitos, no denunció a un compañero del cuerpo, después de que la expareja de este recurriese a él para contarle que había sufrido violencia machista.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, explica que este agente del Instituto Armado durante los días 18 y 28 de septiembre de 2018, fue requerido por S.M.A.G., expareja sentimental de su compañero del cuerpo M.C.B., que le contó que había sido agredida físicamente por él, y que también le había efectuado pintadas en su coche.
Así mismo el fiscal señala que, pese a que el acusado estaba obligado por razón de su puesto y ante el conocimiento de la eventual perpetración de un delito de violencia de género, no procedió a recoger denuncia a la presunta víctima ni incoó de oficio diligencias.
Tan solo remitió a la expareja de su compañero varios menajes a través de WhatsApp, en los que le explicaba que “intentaba ayudar a los dos”.
La Fiscalía continúa explicando que la perjudicada presentó una denuncia penal contra su expareja, cuyo seguimiento se le asignó al agente procesado, que no fue apartado del caso ante la relación de amistad tanto con la presunta víctima como con el agresor.
El acusado, procediendo el 16 de enero de 2019 a efectuar una nueva valoración del riesgo de la víctima/denunciante, alteró deliberadamente las respuestas dadas por S.M.A.G., de tal modo que si en un primer momento consideró que la mujer presentaba un “riesgo medio”, finalmente alteró el contenido de sus respuesta para concluir que no se apreciaba riesgo.
De ahí que la Fiscalía considere que los hechos descritos son constitutivos de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que pide un año de prisión, y de un delito de falsedad documental, por el que reclaman otros cuatro años de cárcel, e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo durante otros tres.